La alcaldesa de Paillaco, Ramona Reyes Painequeo, reaccionó indignada tras el procedimiento policial que afectó a las familias de la organización Newen Folil, en la localidad de Itropulli, ubicada a 15 kilómetros del área urbana de Paillaco.

Este jueves, trabajadores del fundo perteneciente a Broder Redlefsen, ingresaron con maquinarias y caballos al terreno habitado desde noviembre de 2013 por 15 familias de origen mapuche.  

El procedimiento contó con la protección de Carabineros, medida decretada a favor de Redlefsen, por el Fiscal Adjunto (s) Carlos Silva.

“Como alcaldesa de Paillaco no puedo permitir que nuestros vecinos, en particular las 15 familias que integran Newen Folil, hayan sido acusadas de usurpación, daños y hurto del predio que habitan desde hace un año, en circunstancias que dicho terreno no pertenece al latifundista Broder Redlefsen Gutermann“, dijo la jefa comunal.

Reyes se reunió este viernes con el director regional de Conadi, Cristian Cayul y el seremi de Bienes Nacional, Claudio Lara, quienes confirmaron  –ante la presencia de los comuneros afectados– que todos los documentos indican que el terreno en cuestión no pertenece al propietario del Fundo El Refugio.

La alcaldesa solicitará una audiencia con el Fiscal Regional, tras no haber recibido respuesta del Fiscal (s) Silva, quien emitió la orden de protección policial. “Hasta las 16.00 horas (del viernes) no tuve respuesta positiva para entregar los antecedentes, por lo que llegaremos hasta la Fiscalía Nacional de ser necesario”, dijo.

VIOLENCIA

Los comuneros, encabezados por Silvia Marín, relataron detalles del accionar de los trabajadores del empresario.

“Ellos ingresaron con maquinarias y caballos, destruyendo los cercos, liberando animales a la vía pública y dañando nuestras siembras. Además, chocaron una camioneta que transportaba a una persona embarazada, todo ante la presencia de un numeroso grupo de Carabineros”, agregó Marín.

La Municipalidad de Paillaco anunció que entregará apoyo jurídico a las familias afectadas, para aclarar en todas las instancias la inexistencia de los delitos de usurpación, daños y hurto de las cuales se les acusa. “Además vamos a tomar contacto con el Instituto de Derechos Humanos para solicitar apoyo ante el atropello sufrido por nuestras mujeres, ancianos y niños”, expresó.